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ZeC recurre la suspensión judicial del acuerdo que pide la titularidad pública de La Seo y la Magdalena

El Gobierno municipal de Zaragoza en Común, ZeC, en la capital aragonesa ha decidido recurrir las medidas cautelares judiciales contra el acuerdo del equipo de Pedro Santisteve que facultaba al consistorio para actuar en los tribunales contra la inmatriculación de la catedral de la Seo y de la iglesia de La Magdalena a favor del Arzobispado. El alcalde ha asegurado que no eran 4 "sino 43" los inmuebles y propiedades (parroquias, templos, campos de cultivo, despachos o cementerios, entre otros) inscritos por la Iglesia entre los años 1984 y 1987.

Santisteve ha anunciado el recurso contra las medidas cautelares decretadas por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 5 contra el acuerdo del Gobierno de Zaragoza que facultaba al consistorio a activar acciones judiciales y administrativas para rectificar la inmatriculación de la catedral de la Seo y de la iglesia de la Magdalena a favor del Arzobispado zaragozano.

Y lo hace por considerar que la decisión es "insostenible desde el punto de vista jurídico", porque limita al ayuntamiento el acceso a la tutela efectiva, además de "lamentable" porque "impiden hasta el inicio de procedimientos administrativos" como recurrir al registro de la propiedad.

No obstante ha advertido que estas medidas cautelares "llegan tarde porque este gobierno ya había actuado interesando una serie de datos a colegios de registradores".

Acciones iniciales que han permitido descubrir, a través del Colegio de Registradores, 43 registros a nombre de la Iglesia de parroquias, ermitas, solares, campos de regadío, cementerios o despachos, de los cuales veinticuatro se inscribieron en 1987.

Inmuebles relacionados

Entre ellos se encuentran la parroquia de San Juan de Mozarrifar, la iglesia de Santiago el Mayor, la parroquia de San Felipe y Santiago, las iglesias de Nuestra Señora de Altabás, el Portillo, de la Paz, la Concepción, San Pablo y San Juan de los Panetes, la basílica del Pilar, la ermita de San Jorge, el complejo parroquial de Garrapinillos y el de Nuestra Señora de Loreto, entre otros templos, además de viviendas, un local comercial, cementerios y terrenos agrícolas.

Propiedades que, ha recordado el alcalde, el Arzobispado inscribió a su nombre aprovechándose de una ley "inconstitucional y franquista", en alusión al artículo 206 de la Ley Hipotecaria, promovido en 1946 por Franco, que otorgaba a la Iglesia, como argumentó la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado "el privilegio de autocertificarse la propiedad de inmuebles sin aportar prueba documental alguna".

En este sentido, se ha referido a que hay pruebas que demuestran que había tasas de enterramientos en algún cementerio que se destinaban a la comisión de festejos puesto que las cobraba el ayuntamiento como titular de la propiedad.

Abogado penalista, Santisteve ha reprochado asimismo el "nerviosismo" por impedir que el Ayuntamiento pueda ejercer acciones para exigir los correspondientes títulos de dominio o informes para conocer cómo había evolucionado la titularidad de los bienes, lo que, ha reconocido, exigiría un estudio desde el proceso de desamortización emprendido a finales del siglo XVIII.

"Son bienes de dominio público y no pueden ser objeto de inmatriculación", ha advertido el alcalde quien ha subrayado que "lo que hemos hecho es destapar el asunto y que opine la ciudadanía, dentro del respeto al culto".

Plantear "un debate sosegado"

A este respecto ha recordado que su intención con esta acción era la de plantear "un debate sosegado" y un acto de conciliación con el Arzobispado para conseguir esa información.

Santisteve ha insistido en que el ayuntamiento "está poniendo de manifiesto este grave problema" al que ahora "también deberían responder todas las instituciones y la ciudadanía, no un simple ayuntamiento". "A ver si hay honestidad y lealtad institucional" ha pedido el alcalde zaragozano, quien no descarta reunirse con otras organizaciones para "enriquecer los argumentos".

Asimismo ha advertido que desde el Gobierno municipal "no hemos dicho que sean bienes del ayuntamiento sino de dominio público".

Por su parte, el portavoz del PP, Jorge Azcón, ha comparecido por segundo día consecutivo por este asunto y acusar al alcalde de confundir los juzgados "con un plató de televisión" porque "nadie con un mínimo conocimiento jurídico sabe que no va a prosperar".

Azcón se ha mostrado convencido de que si el alcalde "tuviera que pagar las costas de su bolsillo, no lo haría", le ha acusado de defender su ideología no del interés de la ciudadanía y ha lamentado que siga "siendo el hazmerreír de españa". Efe

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